La Protección de Datos

     Para poder realizar las funciones delimitadas en la ley se ha creado la Agencia Estatal de Protección de Datos, un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones (art. 35.1 L.O. 15/1999) y que obtiene financiación de los Presupuestos Generales del Estado y de su propio patrimonio.

     Su proyección se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que pueda descentralizar sus funciones a nivel autonómico, aunque no todas las CC.AA. han hecho uso de esta posibilidad –por el momento sólo existe legislación específica en Cataluña (ley 5/2002), Galicia (Decreto 29/2009), Madrid (Ley 8/2001) y País Vasco (Ley 2/2.004)–.

     Su centro directivo está integrado por la figura del Director cuyo mandato es de 4 años y de un Consejo Consultivo compuesto por nueve miembros de distinta procedencia (Congreso de los Diputados, Senado, Organización de Consumidores, etc).

     La Agencia Estatal de Protección de Datos tiene como funciones, entre otras:

• Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

• Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.

• Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la presente Ley.

• Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.

• Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal.

• Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones.

• Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por la Ley, que abarca sanciones desde 600 a 600.000 euros en función de su calificación como leves, graves o muy graves.